28 de junio de 2015

¿Hacer o no hacer? Consideraciones sobre las implicaciones tributarias del ajuste voluntario del contribuyente conforme lo previsto en el COT de 2014


Hacer o no hacer, este es el nuevo dilema de los contribuyentes que se enfrenta a la decisión de realizar o no, un ajuste voluntario de una declaración y pago de impuesto, luego de la entrada en vigencia del nuevo COT dictado por Ley Habilitante mediante Decreto publicado en Gaceta Oficial extraordinaria del día 18 de noviembre de 2014. El tema central de este dilema lo representa la circunstancia de que el nuevo instrumento orgánico incrementa las sanciones por el pago extemporáneo de tributos en los casos de ajustes voluntarios, es decir, sin que dicho ajuste sea motivado por la actuación fiscal de la Administración Tributaria. El nuevo COT incrementa de 1% a 300% de forma progresiva la sanción por el pago con retraso de tributos, pero por otro lado incrementa en una menor proporción del 10% al 30%, la sanción por el allanamiento al Acta de reparo. Con ello se da la singular situación de que ahora sería menos gravoso esperar la actuación fiscal que determine una diferencia de tributos a pagar, que realizar el ajuste de forma voluntaria. Algo que resulta inédito, y podemos decir que también insólito, en la codificación tributaria venezolana.

En las siguientes líneas hago una breve exposición que evidencia la nueva estructuración de las sanciones por el incumplimiento de pago de tributos al comparar la que aplica por el ajuste voluntario del contribuyente, contrastándola con la que se genera de la actuación de la Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización y la posibilidad de allanamiento al Acta Fiscal de reparo.

Verificación y Fiscalización de Tributos

Resulta frecuente escuchar a empresarios y profesionales independientes, referirse a los procesos de “verificación” y “fiscalización” como si se tratase de un sinónimo. Sin embargo, desde la perspectiva de la codificación técnica - tributaria se trata de dos procedimientos con objeto e instrumentación distinta, aunque puedan tener algunas similitudes. El legislador patrio en el Código Orgánico Tributario de 2014 hace una separación plena de los dos procedimientos, atribuyendo a la verificación, la constatación por parte de la Administración Tributaria del cumplimiento de deberes formales, la comprobación de errores de cálculo o materiales en la determinación realizada por el contribuyente en su declaración de impuesto y el cumplimiento de las obligaciones de los agentes de retención y de percepción. Aparte, atribuye a otro procedimiento denominado como "fiscalización", la realización de un examen a partir del cual se inicia la determinación de oficio de la obligación tributaria material.


6 de junio de 2015

Consideraciones sobre la errónea aplicación de la Tarifa 3 del ISLR a empresas de explotación minera

Me formularon hace algunos días una muy interesante consulta sobre la aplicación de la tarifa Nro. 3 del ISLR, prevista en el artículo 53 de la Ley que rige a dicho tributo, sobre las actividades de explotación minera realizadas por una persona jurídica con domicilio fiscal en el país (RB de Venezuela). Esta consulta se origina en el erróneo planteamiento de que los enriquecimientos obtenidos por una persona jurídica, dedicada a la explotación minera, están gravados con el impuesto proporcional previsto en dicho artículo.

2 de junio de 2015

Sentencia TSJ (Sala Político Administrativa) del año 2013 que fija criterio sobre el carácter mercantil del arrendamiento de oficinas



El siguiente es un extracto de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del TSJ en fecha 23/07/2013 (EXP. N° 2012-1276), en la cual expresa criterio sobre el carácter mercantil del arrendamiento de un inmueble, conforme se cumplen las condiciones que en dicho fallo se exponen. 

Medios de facturación establecidos por el SENIAT


Entre los muchos recaudos que debe tener un emprendedor que inicia su actividad empresarial de manera formal, quizás el más relevante tenga que ver con la forma a través de la cual dejará constancia de sus operaciones, sean estas por ventas de bienes o por prestaciones de servicios. Ello será a través de las “facturas”, término que la normativa tributaria en Venezuela atribuye a un medio para dejar constancia obligatoria de la realización de una actividad comercial, empresarial o profesional conforme sea el caso. Tanto la Ley de Impuesto sobre la Renta como la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por citar solo las dos más relevantes en el ámbito nacional, exigen que se emita factura en la oportunidad de realizar ventas o prestaciones de servicios, previendo además el momento en que ello debe ocurrir. Además de las facturas, tienen regulación por la normativa tributaria la emisión de notas de crédito, notas de débito y las guías de despacho u órdenes de entrega. Curiosamente, la Administración Tributaria no incluyó a los recibos de pago dentro de los documentos regulados a efectos impositivos.