¿Es un ilícito tributario marcar con un sello húmedo el anverso de la factura fiscal?

Autor: Camilo London

Como muchas viejas cadenas que se difunden en las redes sociales, destinadas a inquietar en bucles temporarios infinitos a los lectores, nuevamente nos topamos en la oficina con la comunicación que nos aporta uno de nuestros clientes de asesoría tributaria, en la cual se hace referencia a la supuesta prohibición de poner sellos húmedos en el anverso de las facturas. 

De allí surge la interrogante sobre la cual gira mi artículo en esta oportunidad.

La comunicación que nos aporta el cliente, entre persuasión y camuflaje sugiere no poner sello u otras marcas en el anverso de la factura, aduciendo que con ello se pretende evitar sanciones del SENIAT y la pérdida del crédito fiscal del IVA. Su artífice añade el logotipo oficial de la Administración Tributaria Nacional, con lo cual más de un incauto lector le asume erróneamente como un documento oficial. Este panfleto forma parte de los muchos “espantos y mitos tributarios” con los que ya hemos lidiado en otras oportunidades en trabajos publicados en el Blog GERENCIA & TRIBUTOS.

El origen del mito

Se dice que el mito nació a partir de la presunta actuación excesiva de funcionarios que llegaron a interpretar que la añadidura de sellos, firmas, anotaciones y cualquier otra seña en la factura constituirían un equivalente a la enmendadura, tachadura o interlineado, procediendo a objetar la validez del documento a los efectos tributarios en un procedimiento de fiscalización y determinación aplicado a un contribuyente.

Como resulta común con las actuaciones de este tipo, sean reales o imaginarias, su posterior difusión se vuelve viral en las redes sociales.

Muchos contribuyentes que reciben estos comunicados por diversas fuentes, asumen una razonable respuesta de ahorro con la adopción irrestricta del criterio in dubio pro fiscum, para evitar la diatriba y el costo de posibles reparos fiscales, sin detenerse a analizar la pertinencia del procedimiento sugerido.

Es una actitud del tipo “disparar primero, y ya para qué preguntar después”. Con ello se tiende a afianzar el mito que de esta forma pasa a ser ya un dogma.

La base legal y referencia jurisprudencial para derrumbar el mito...

Ahora bien, el artículo 57 del Decreto Ley de IVA (2014) establece los requisitos mínimos para la validez de la factura a efectos del reconocimiento del crédito fiscal.

Se estipula allí que el Reglamento podrá disponer otros requisitos formales para la generación del crédito fiscal. Previamente, el artículo 33 de la norma legal advierte que no darán derecho a deducción del crédito fiscal los incluidos en facturas y demás documentos falsos o no fidedignos.

Respecto a ello, el reglamento general de la Ley de IVA (1999) en su artículo 57 expone que:

Para los efectos del impuesto, se entiende por facturas no fidedignas aquellas que contengan irregularidades que hagan presumir que no se ajustan a la verdad, porque su numeración y fecha no guarda la debida continuidad con las restantes facturas, tengan adulteraciones, enmendaduras o interlineaciones, no concuerden con los asientos contables que registran la operación respectiva, no coincida con el contenido de los distintos ejemplares o copias de la misma factura, u otras anormalidades semejantes.

Deben calificarse de falsas las facturas que faltan a la verdad o realidad en los actos contenidos en ellas. Esta falsedad podrá ser tanto material, esto es, que altere el sentido del documento mismo en su materialidad, como falsedad ideológica, por dejar constancia de hechos falsos o inexistentes, aun siendo las formas empleadas aparentemente reales o auténticas, como por ejemplo, indicar falsamente el nombre o razón social del contribuyente, su domicilio fiscal, número de registro de contribuyente o monto de la operación o del impuesto correspondiente; indicando falsa o inexistente actividad económica o adulterar la identidad del emisor o receptor de la factura.

Por otra parte, el artículo 41 de la Providencia Administrativa del SENIAT Nro. SNAT/2011/0071 publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.795 del 08/11/2011 dicta que:

“Las facturas y otros documentos que se emitan no deben tener tachaduras ni enmendaduras, salvo en los casos que autorice el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante Providencia Administrativa de carácter general.”

La Sala Político Administrativa del TSJ se ha pronunciado en diversos fallos respecto a los efectos de supuestas enmendaduras en la factura fiscal, en los términos expuestos en la sentencia del 09/02/2010 que corresponde al expediente 2008-0333, (Caso AQUAMARINA DE LA COSTA C.A.), en la cual se dicta que: “una enmendadura parcial, … no pone en duda la credibilidad de las operaciones tributarias y por tanto los referidos créditos fiscales deben ser reconocidos”; claro está, siempre que la información asociada al control fiscal que se exige en la norma jurídica esté contenida en la factura de forma fiable.

Así vemos que si una enmendadura parcial no es causa suficiente para invalidar al documento a los efectos tributarios, mucho menos podría afectar dicha validez un sello húmedo en su anverso con la fecha de recepción y otros datos añadidos en el proceso de recepción y procesamiento contable de la misma.

Mi opinión

Creo que resulta lógico y conteste a la norma jurídico tributaria, afirmar que la utilización de sellos, firmas, referencias u otra anotación en el anverso de la factura en el proceso de recepción y control administrativo de los particulares en los procesos que éstas documentan, no puede constituir por si sola una enmendadura o tachadura capaz de invalidar al documento fiscal. 

En ese sentido la utilización de sellos húmedos en el anverso de la factura no está prohibida expresamente al contribuyente, y solo afectaría la validez del documento cuando éste se pone de forma tal que impida visualizar algún dato relativo a los requisitos que la norma tributaria exige como indispensables para su reconocimiento en materia del IVA o el ISLR; tributos donde la factura es factor clave para el control tributario.

Una reflexión final

Mi posición respecto a la interrogante que titula al presente artículo se basa en mi firme creencia de que la eficiencia del sistema tributario que se exige en el texto del artículo 316 de la Constitución Nacional, requiere de la Administración Tributaria y de los contribuyentes, la identificación  y atención oportuna de situaciones que puedan apartar al mismo de la debida racionalidad; y facilitar de esta forma el mejor entendimiento e instrumentación de los controles administrativos que propendan al logro de una mayor recaudación dentro de los parámetros de la legalidad, sin trabas inútiles al desenvolvimiento de la actividad económica generadora de renta. 

¿Concuerdas conmigo en este punto?