Dónde y qué entregar a la fiscalización de tributos



Se ha convertido ya en costumbre en muchas verificaciones y fiscalizaciones de tributos, tanto de entes nacionales como municipales, la pretensión de algunos funcionarios de exigir a los contribuyentes que le suministren “copias” físicas y electrónicas de una ingente cantidad de información relativa a su contabilidad y soportes, llegando incluso a requerir por vía telefónica que el contribuyente lleve estos a la sede de la respectiva Administración Tributaria.

Uno de estos casos lo vemos con mucha frecuencia en las actuaciones de la Alcaldía de Caroní, donde se ha pretendido realizar procedimientos de fiscalización en la propia sede de la Alcaldía y no en el domicilio fiscal del contribuyente.

Parte del problema parece ser la confusión de la obligación que tiene el contribuyente de EXHIBIR documentación, con la de “fotocopiar” información. Un problema transciende de lo semántico a lo jurídico con una grave afectación del derecho de los ciudadanos.

Atendiendo a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal que crea al ISAE en Caroní, así como en el Código Orgánico Tributario y la LOPA que sirven de base al procedimiento de fiscalización y determinación, la actuación de los funcionarios fiscales del municipio debe realizarse en la sede del domicilio fiscal del contribuyente de forma ordinaria, eso al igual que en los procedimientos llevados a cabo por otras administraciones municipales y las nacionales. Ello por cuanto es allí, en el domicilio del contribuyente, donde reposa de forma permanente la documentación que demuestra el movimiento económico tendente a cuantificar la base imponible del ISAE y otros tributos.

Tanto los libros contables y especiales, así como toda la documentación contable comercial que de forma integrada conforma la contabilidad del contribuyente, debe permanecer en el domicilio fisal del contribuyente, aspi lo dispone el COT. Esto no es posible replicarlo en copias físicas o electrónicas para que fiscal se los lleve a su casa a hacer el trabajo de auditoría. No a cuenta y costo del contribuyente. 

La auditoría puede realizarse en la sede de la Administración, pero solo cuando allí esté la información relevante para el procedimiento de investigación, y no cuenta que dicha información  sea requerida al contribuyente más allá del deber que tiene el mismo de EXHIBIR a la autoridad fiscal dicha documentación en su domicilio fiscal.

Las limitaciones de viáticos, vehículos y bajos salarios de los funcionarios fiscales de la administración tributaria, no pueden ser motivo o justificación para que se pretenda entonces recargar al ciudadano objeto de la auditoría con la obligación de sacar cuanta copia pida el funcionario actuante, máxime cuando tal obligación no está prevista en el COT, ni en otra norma jurídica que rija al procedimiento administrativo de determinación de oficio.

El contribuyente ciertamente está en la obligación de facilitar la auditoría y colaborar con la fiscalización, pero ello está limitado a las facultades conferidas a la Administración que expresamente se disponen en la norma legal o sublegal, y en consideración a las obligaciones que en tales normas se establecen  a los administrados. Es decir, la obligación del contribuyente es failitar el cumplimiento de la labor de la Administración, cuyas facultades están delimitadas en el ordenamiento jurídico tributario y administrativo. 


En una interesante discusión con un funcionario de la alcaldía de Caroní yo le argumenté que si no había cambios relevantes en la normativa contenida en la Ordenanza de ISAE, el COT o la LOPA en los últimos 20 años respecto a la facultades de fiscalización y los deberes de los contribuyentes, me explicase ¿Cómo es que ahora sería obligatorio entregar fotocopias de documentos de la contabilidad del contribuyente, cuando antes de esa época no era obligación? Obviamente, no pudo encontrar el funcionario una respuesta lógica a la pregunta. Le recordé al funcionario que el acta que levante el mismo, no requiere de un expediente contentivo de la totalidad de los libros contables del contribuyente, para eso ya hace muchos años se estableció que las actuaciones del funcionario fiscal gozan de fe pública, sin necesidad de que la misma tenga sustento en cientos o miles de copias de documentos obtenidos del contribuyente. No es el grosor el expediente lo que determina la pertinencia de la actuación fiscal, es cuentión de eficiencia y no de volumen de papel.

Para cuando se dispuso esta prerrogativa en favor de la actuación fiscal en la codificación administrativa y tributaria del país, sacar una copia o fotocopia de un documento era más una expectativa de ciencia ficción que una realidad cotidiana. 

Espero que así como se instruyó a los fiscales del municipio Caroní para que desechase la moda de hacer determinaciones sobre base presuntiva cuando ello no era pertinente, se pueda esta vez con mayor diligencia, aclarar a los mismos que las auditorías que estos realizan deben ser desarrolladas en el lugar en que la normativa exige al contribuyente que repose su contabilidad y soportes, que no es otra que en su domicilio fiscal, y que solo cuando se cumplan los supuestos previstos hoy en el artículo 138 del COT, es que la fiscalización puede retener la contabilidad y llevársela temporalmente a sus propias oficinas. Y que incluso en ese caso, el costo de ese procedimiento corre por cuenta de la Administración.

Por otra parte, estoy seguro que los contribuyentes en su mayoría están prestos a facilitar a la fiscalización municipal la documentación que se requiere para desarrollar la auditoría en su domicilio fiscal, y de forma voluntaria incluso muchos estarían dispuestos a cubrir el costo de algunas reproducciones puntuales de documentos que le sean requeridos. Pero se debe entender que tal acción voluntaria no debe ser asumida por obligación al administrado por exigencia de la autoridad municipal. 

Abro esta línea de discusión que estoy seguro que como en las clases de postgrado donde la he planteado, generará una rica disertación e investigación, algunos a favor y otros no necesariamente. Por los momentos parece que la norma jurídica y la racionalidad nos dan la razón.


Comentarios

  1. Excelente artículo Lcdo y como siempre Excelente explicación. Muchas gracias.

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  2. Muy buen articulo mi estimado Camilo. Ahora eso que a los funcionarios fiscales tengan en sus actuaciones en lo que cito "para eso ya hace muchos años se estableció que las actuaciones del funcionario fiscal gozan de fe pública," no estoy de acuerdo, ya que debe soportarse la actuación en un expediente administrativo y la prueba documental es lo que sustenta el procedimiento de verificación o fiscalización de efectos particulares en la relación jurídica tributaria

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