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Dónde y qué entregar a la fiscalización de tributos municipales de Caroní



He sido abiertamente crítico en mis artículos publicados en el Blog Gerencia y Tributos y en el espacio radial del programa sabatino “Enfoque Empresarial”, así como en no pocas conferencias y reuniones técnicas, con respecto a los procedimientos de determinación sobre base presunta que fueron ejecutados en forma reiterada por la Administración Tributaria del Municipio Caroní, aun sin que se cumpliesen los extremos legales para su aplicación.
                                                         
Lo que es un procedimiento excepcional, fue asumido como ordinario por las actuaciones fiscales del municipio. El problema con dichas determinaciones sobre base presunta es que además de no tener justificación objetiva y conteste a lo previsto en la norma jurídica, aplicó procedimientos de estimación de obligaciones tributarias carentes del más mínimo racionalismo técnico y jurídico. Nada más alejado al objetivo de la determinación cierta y legal del tributo; y nada más tentador a las desviaciones propias de los procedimientos que escapan a la legalidad.

La moda que se estableció en dicha Administración municipal de Caroní, de irse por el atajo de la determinación sobre base presunta, dejó profundas secuelas al debilitar las bases de una cultura tributaria enfocada en la legalidad y eficiencia de los procedimientos de fiscalización, y además sirvió para que proliferaran desviaciones que más temprano que tarde la Contraloría Municipal tendrá que acometer en investigaciones para cuantificar el presumible daño patrimonial que se estima ha sufrido el erario público municipal por esta situación.


En Administraciones más maduras y técnicas, como es el caso de la nacional, se sabe que una determinación sobre base presunta es de las más complejas y difíciles de justificar, y luego resulta igualmente difícil establecer el procedimiento de determinación presuntiva, que no es cualquier invento loco, sino uno riguroso y técnico que siempre resulta más difícil que la determinación sobre base cierta. De allí que en las estadísticas de fiscalizaciones en materia de IVA e ISLR es raro encontrar una determinación sobre base presunta y son más bien normales las que se hacen sobre base cierta.

Aunque tarde fue asumida la rectificación en Caroní, debo felicitar que hubo una toma de conciencia de la autoridad tributaria municipal, quizás atendiendo a las muchas muestras de reclamo que desde diferentes espacios gremiales profesionales y empresariales se hicieron por años a estas capciosas actuaciones sobre base presunta, y por lo cual  finalmente parece haberse emplazado a los funcionarios fiscales a desechar esa determinación, a menos que ciertamente existan causales para ella. 

Aún debo acotar que persisten casos en los que los funcionarios aplican estos procedimientos de determinación presuntiva, con evidentes errores, ya no por asumir la determinación excepcional, sino ahora por la falta de adopción de criterios técnicos medianamente coherentes con el fin de cuantificar por aproximación la base imponible presunta que permita al final la determinación del impuesto por esta vía especial.

Queda sin embargo la esperanza de que con una adecuada gestión, estos problemas pueden ser corregidos. Quizás en una nueva gestión enfocada en recuperar la calidad en la administración pública del país que perdió tanto en estas últimas casi dos décadas.

Todo lo dicho hasta ahora, es solo el prefacio para explicar el nuevo “virus” que parece contaminar a las actuaciones realizadas por las fiscalizaciones de la Alcaldía de Caroní. Este no es otro que la pretensión de algunos funcionarios de exigir a los contribuyentes que le suministren “copias” físicas y electrónicas de una ingente cantidad de información relativa a su contabilidad y soportes, y de que estos sean llevados además a la sede de la Administración Tributaria. La nueva moda es que se quiere realizar el procedimiento de fiscalización en la sede de la Alcaldía y no en el domicilio fiscal del contribuyente. Uno de los síntomas es el de confundir la obligación de EXHIBIR documentación, con la de “fotocopiar” información. Un problema que transciende de lo semántico a lo jurídico con una grave afectación del derecho de los ciudadanos.

Atendiendo a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal que crea al ISAE en Caroní, así como en el Código Orgánico Tributario y la LOPA que sirven de base al procedimiento de fiscalización y determinación, la actuación de los funcionarios fiscales del municipio debe realizarse en la sede del domicilio fiscal del contribuyente de forma ordinaria, porque es allí donde reposa de forma permanente la documentación que demuestra el movimiento económico tendente a cuantificar la base imponible del ISAE. Estos son los libros contables y especiales, así como toda la documentación contable comercial que de forma integrada conforma la contabilidad del contribuyente. Esto no es posible replicarlo en copias físicas o electrónicas para que fiscal se los lleve a su casa a hacer el trabajo de auditoría. No a cuenta y costo del contribuyente. 

La auditoría puede realizarse en la sede de la Administración, pero solo cuando allí esté la información relevante para el procedimiento de investigación, y no cuenta que dicha información  sea requerida al contribuyente más allá del deber que tiene el mismo de EXHIBIR a la autoridad fiscal dicha documentación en su domicilio fiscal.

Las limitaciones de viáticos, vehículos y bajos salarios de los funcionarios fiscales de la alcaldía de Caroní, no pueden ser los motivantes para que se pretenda entonces recargar al ciudadano objeto de la auditoría, la obligación de sacar cuanta copia pida el funcionario actuante, máxime cuando tal obligación no está prevista en el COT, ni en otra norma jurídica que rija al procedimiento administrativo de determinación de oficio.

El contribuyente ciertamente está en la obligación de facilitar la auditoría y colaborar con la fiscalización, pero ello está limitado a las facultades conferidas a la Administración que expresamente se disponen en la norma jurídica, y en consideración a las obligaciones que en tales normas se establecen  a los administrados.


En una interesante discusión con un funcionario de la alcaldía de Caroní yo le argumenté que si no había cambios relevantes en la normativa contenida en la Ordenanza de ISAE, el COT o la LOPA en los últimos 20 años respecto a la facultades de fiscalización y los deberes de los contribuyentes, me explicase ¿Cómo es que ahora sería obligatorio entregar fotocopias de documentos de la contabilidad del contribuyente, cuando antes de esa época no era obligación? No pudo encontrar una respuesta lógica a la pregunta. Le recordé al funcionario que el acta que levante el mismo, no requiere de un expediente contentivo de la totalidad de los libros contables del contribuyente, para eso ya hace muchos años se estableció que las actuaciones del funcionario fiscal gozan de fe pública, sin necesidad de que la misma tenga sustento en cientos de copias de documentos obtenidos del contribuyente. No es el grosor el expediente lo que determina la pertinencia de la actuación fiscal. Para cuando se dispuso esta prerrogativa en favor de la actuación fiscal en la codificación administrativa y tributaria del país, sacar una copia o fotocopia de un documento era más una expectativa de ciencia ficción. 

Espero que así como se instruyó a los fiscales del municipio Caroní para que desechase la moda de hacer determinaciones sobre base presuntiva cuando ello no era pertinente, se pueda esta vez con mayor diligencia, aclarar a los mismos que las auditorías que estos realizan deben ser desarrolladas en el lugar en que la normativa exige al contribuyente que repose su contabilidad y soportes, que no es otra que en su domicilio fiscal, y que solo cuando se cumplan los supuestos previstos hoy en el artículo 138 del COT, es que la fiscalización puede retener la contabilidad y llevársela temporalmente a sus propias oficinas. Y que incluso en ese caso, el costo de ese procedimiento corre por cuenta de la Administración.

Por otra parte, estoy seguro que los contribuyentes en su mayoría están prestos a facilitar a la fiscalización municipal la documentación que se requiere para desarrollar la auditoría en su domicilio fiscal, y de forma voluntaria incluso muchos estarían dispuestos a cubrir el costo de algunas reproducciones puntuales de documentos que le sean requeridos. Pero se debe entender que tal acción voluntaria no debe ser asumida por obligación y exigencia de la autoridad municipal. 

Abro esta línea de discusión que estoy seguro que como en las clases de postgrado donde la he planteado, generará una rica disertación e investigación, algunos a favor y otros no necesariamente. Por los momentos parece que la norma jurídica y la racionalidad nos dan la razón.


Comentarios

  1. Excelente artículo Lcdo y como siempre Excelente explicación. Muchas gracias.

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