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Prohibido no recibir un documento presentado por un contribuyente en taquilla





Aun cuando pueda ser redundante, en virtud de lo palmario que debería ser para el funcionario receptor de un escrito presentado por un contribuyente, el acatamiento pleno del deber consagrado a favor de dar preponderancia al derecho de petición de los administrados, parece necesario destacar  que no es posible, al menos en el ámbito jurídico, que se niegue la recepción de un escrito, un recurso o una solicitud que formule un contribuyente. Es imperante que la administración pública y en especial la tributaria, instruya a sus funcionarios para que den estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 51 de la Constitución Nacional que expresamente estatuye como derecho fundamental de los administrados lo siguiente: 



“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.”

Parece severa la sanción, pero realmente lo justifica la gravedad del desacato del funcionario que por impericia o mala fe impida o dilate la recepción del documento que por derecho consigna el contribuyente ante la Administración.



Respecto a la instrumentación y desarrollo del derecho de petición plasmado en la Constitución Nacional antes referido, hay especial atención al tema de la obligatoria recepción de los escritos y peticiones presentadas por los ciudadanos en su relación con la Administración, ello en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que aplican supletoriamente a todo procedimiento administrativo tributario, y los cuales a continuación se reproducen: 

Artículo 44. En los Ministerios, organismos y demás dependencias públicas se llevará un registro de presentación de documentos en el cual se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los administrados, así como de las comunicaciones que puedan dirigir otras autoridades. 
La organización y funcionamiento del registro se establecerán en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 45. Los funcionarios del registro que reciban la documentación advertirán a los interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen, pero sin que puedan negarse a recibirla.  

Artículo 46. Se dará recibo de todo documento presentado y de sus anexos, con indicación del número de registro que corresponda, lugar, fecha y hora de presentación. Podrá servir de recibo la copia mecanografiada o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciada y numerada por los funcionarios del registro.


El acto de recepción del escrito que presente un contribuyente ante la Administración es simple. Es solo eso, dar recibo del escrito. Incluso, la norma legal prevé que de constatarse algún requisito faltante, de oficio la Administración deberá notificarlo al interesado y requerir su cumplimiento. No hay necesidad de convertir la recepción de un documento en una prueba de resistencia y destreza. El funcionario receptor debe ser guía para una gestión simple y no el que motorice la traba que desalienta el ánimo del ciudadano.

La negativa del acto de recepción del escrito recursivo, constituye una violación gravísima del derecho de petición del Administrado, toda vez que se le impide ejercer aquel que se materializa a través de la petición, recurso o gestión que realiza ante la Administración Pública. Por ello no podrá un requisito que no esté previsto en la norma de efectos generales como parte del procedimiento y  que cumpla la debida publicidad prevista en el artículo 72 de la LOPA, impedir el fundamental derecho de petición, y ello comienza sin lugar a dudas con la obligatoria recepción del escrito que presenta el administrado, aplicando si fuera el caso el requerimiento para cumplimiento posterior previsto en el artículo 5 ejusdem.

Más recientemente, la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) dispuso en su artículo 9 un apartado especial para el desarrollo del derecho de petición de los ciudadanos:

Artículo 9 LOAP. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley. 

En caso de que una funcionaria o funcionario público se abstenga de recibir las peticiones o solicitudes de las personas, o no de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley.

En suma a esta expresa disposición de la obligatoriedad de dar cabida libre y sin estériles restricciones al derecho del ciudadano de dirigir peticiones y recursos a la Administración, además la LOAP establece en su artículo 5 que: “Las personas en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los siguientes derechos ... (6) Presentar sólo los documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate y (9) Ser tratados con respeto y deferencia por las funcionarias y funcionarios, los cuales están obligados a facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”



La norma que establezca requisitos para la presentación del recurso, debe ser una de efectos generales y no un trámite interno de la Administración, es decir, debe ser un “Procedimiento Administrativo” y no un “Trámite Administrativo”. La diferencia entre ambos es su origen y efectos sobre la esfera del derecho del Administrado.

Con respecto a los trámites administrativos, estos se encuentra regulados por la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos (LOSTA), la cual prevé en sus artículos 9, 10 y 13 lo siguiente: 

Art. 9 LOSTA. El diseño de los trámites administrativos debe realizarse de manera que los mismos sean claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para las personas, a fin de mejorar las relaciones de éstos con la Administración Pública, haciendo eficiente y eficaz su actividad.

Art. 10 LOSTA. La Administración Pública no podrá exigir requisitos adicionales a los contemplados en la normativa vigente, salvo los que se establezcan en los instrumentos normativos que se dicten con ocasión de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Art. 13 LOSTA. Los órganos y entes, en el ámbito de sus competencias, eliminarán las autorizaciones innecesarias, solicitudes excesivas de información de detalle y, en general, la exigencia de trámites que entorpezcan la actividad administrativa.

Finalmente, es necesario reiterar respetuosamente al funcionario receptor del escritos, que él no sustancia el expediente, no puede en consecuencia dejar de aceptar su recepción, no es esa su función, la de él es simplemente dar recibo del escrito y "orientar" al ciudadano, pero nunca violando su derecho a obtener la recepción diligente de su petición o recurso. En función de lo cual dicho funcionario debe dar cabal cumplimiento a la norma jurídica. 



De aplicar la norma legal, el receptor de documentos en la Administración debe abstenerse de requerir otros formalismos inútiles inherentes a la organización de la documentación, el tipo de carpeta, el tipo de hojas, el color de las grapas, o el tipo de calzado de la persona que consigna un escrito, y cuanta otra tontería se le puede ocurrir a alguna gente muy creativa. Y en todo caso que considere pertinente formular un requerimiento por alguna documentación o requisito faltante, se debe realizar ello como corresponde por Ley, de forma escrita y debidamente motivada.




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