El siguiente es el resumen de la posición de los representantes del gremio industrial de Caroní respecto al aumento de los aforos del ISAE que se estableció en la reforma de la normativa municipal el 19/12/2011 expresada en rueda de prensa del 27/01/2012.
En consideración del
planteamiento formulado por el Alcalde de Caroní en el encuentro que sostuvo
con algunos empresarios del municipio el pasado miércoles 25 de enero donde
dijo estar dispuesto a revisar la ordenanza de impuesto sobre actividades
económicas reformada en diciembre pasado y a la integración de mesas de trabajo
con el sector empresarial, los representantes del sector industrial del
municipio Caroní agrupados en la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana
presidida por Fernando Goyenechea, de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, Capítulo Regional Guayana (AIMM –
GUAYANA) presidida por Víctor García y de ASOPEMIA – FEDEINDUSTRIA presidida
por Manuel Márquez se reunieron con periodistas de los diarios de circulación
regional.
Señalan los representantes del
sector industrial que a pesar de no haber sido convocados a la reunión que
realizó el Alcalde del municipio con un grupo de empresarios del sector
comercio, servicios y turismo, es precisamente el sector industrial el que se
ve mayormente impactado por el aumento que se realizó de los aforos del
impuesto sobre actividades económicas que la Alcaldía ha aplicado desde el
primero de enero de 2012. En ese sentido sostienen que por otra parte si han
sostenido diversas reuniones con los representantes de la Administración
Tributaria del municipio, no sólo ahora, sino desde hace tiempo atrás; pero
todo indica que sus argumentos no han sido realmente escuchados por la
Alcaldía. No obstante ello, celebran los representantes del sector empresarial
industrial la iniciativa del alcalde de establecer un dialogo con los
empresarios respecto al tema de la reforma tributaria en Caroní.
Ante el planteamiento esgrimido
por el Alcalde de que “las alícuotas no se tocan desde hace 10 años”, estas son
porcentuales, por lo que no deben “tocarse” cada tanto de tiempo. El
crecimiento empresarial, así como la inflación generan el necesario crecimiento
de ingresos para la Alcaldía sin que se deban ajustar los porcentajes.
Consideran los representantes
empresariales que no es cierto que “no
se echan ni 5 minutos en las oficinas de recaudación para pagar sus impuestos
con el nuevo sistema impuesto por la Alcaldía”. En este sentido sostienen que
es evidente que las dos oficinas de ALSOBOCARONÍ para recaudar tributos están
colapsadas y en Banco Guayana han habilitado sólo una taquilla para colectar
impuestos, por lo que las colas son escandalosas. Si pretenden mantener sólo 2
oficinas municipales, al menos deberían habilitar adicionalmente, unos 3 o 4
bancos estatales (p. ej: Banco de Venezuela, Bicentenario, Industrial, etc.),
como colectores de fondos.
La inflación anual prevista por
sí misma, producirá un incremento del orden del 30% en los ingresos de la
alcaldía. Además, si la Recaudación de Rentas continúa con su política de
incremento de ingresos por ampliación de la base imponible, que en los dos
últimos años ha dado un crecimiento de 10% interanual de contribuyentes que
tributan, agregaría otro 10% adicional, al ingreso tributario de la alcaldía.
En este sentido no resultaría necesaria la elevación de impuestos que termina
afectando no sólo a las empresas, sino al consumidor final del municipio.
Reiteran los empresarios
industriales que el sector que ellos representan podría verse comprometido en
su viabilidad económica al afectarse significativamente las estructuras de
costos de las empresas, por incidencia del aumento de los impuestos municipales
que ha sido aplicado en forma casi exclusiva sobre los industriales, lo cual
además, sería violatorio del principio de justicia tributaria.
El sector de la industria viene
trabajando en las acciones legales para demandar la suspensión y nulidad del
instrumento legal que aumentó entre 40 y 60% en promedio a los impuestos a la
actividad de transformación del municipio, entre otros elementos que los
empresarios consideran violatorio del marco jurídico constitucional. Los
empresarios ofrecen al Alcalde la suspensión de la acción tendente a demandar
judicialmente la nueva ordenanza si el Alcalde accede a aplicar un “vacatio
legis” hasta el año 2013 de la reforma (Vacatio legis se denomina, en Derecho,
al periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que ésta
entra en vigor); a los efectos de crear el clima propicio para un diálogo
franco, cordial y justo. En ese sentido destacaron que incluso, en la aplicación
estricta de la legalidad, la reforma realizada a la Ordenanza de Impuesto Sobre
Actividades Económicas no podía aplicarse sino, al terminar el ejercicio fiscal
que tiene término en el mes de octubre de 2013. La solicitud de suspensión de
la aplicación de los nuevos aforos contenidos en la recién reformada normativa
municipal permitiría evaluar el impacto económico, así como de capacidad
contributiva de cada sector, dando tiempo entonces de la debida consulta
pública y participación de la ciudadanía y los sectores directamente afectados
con esta reforma, los cuales fueron dejados de lado.
Fuente: AIMM - Guayana, ASOPEMIA, Cámara de Industriales y Mineros de Guayana.
Caroní, enero 2012.
Excelente articulo.
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