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¿Qué es una intimación de derechos pendientes?




Señala el artículo 211 del Código Orgánico Tributario (COT) que una vez notificado el acto administrativo o recibida la autoliquidación con pago incompleto, la oficina competente de la Administración Tributaria requerirá el pago de los tributos, multas e intereses, mediante intimación que se notificará al contribuyente por alguno de los medios establecidos en el COT. 

Dicha intimación deberá contener al menos la siguiente información detallada en el artículo 212 del referido Código: (1) Identificación del organismo y lugar y fecha del acto, (2) Identificación del contribuyente o responsable a quien va dirigida, (3) Monto de los tributos, multas e intereses, e identificación de los actos que los contienen, (4) Advertencia de la iniciación del juicio ejecutivo correspondiente, si el contribuyente deudor no satisfaciere la cancelación total objeto de la intimación, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación y (5) Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario autorizado.

La intimación prevista en el COT es un procedimiento de trámite a través del cual la Administración Tributaria exige el pago al contribuyente de los derechos o créditos a favor del Tesoro, que han sido previamente determinados y los cuales en razón de su firmeza son por tanto exigibles.

Es necesario destacar que el COT estipula de forma expresa en su artículo 214 que: “La intimación que se efectúe conforme a lo establecido en esta sección, no estará sujeta a impugnación por los medios establecidos en este Código”. Esta limitación sin embargo, sólo aplicará cuando la intimación no sea el medio a partir del cual la Administración Tributaria determine de forma ilegal inéditas obligaciones, valiéndose del procedimiento para exigir el pago de supuestas deudas que no hayan sido previamente determinadas y notificadas al contribuyente atendiendo al procedimiento legalmente establecido. 

Ha venido ocurriendo con una alarmante frecuencia en el municipio Caroní, la intimación de derechos pendientes que imputan al contribuyente supuestas deudas por  “Diferencias entre el impuesto causado y el impuesto pagado” resultante de un proceso de reformulación y ajuste de las declaraciones del ISAE. Estas intimaciones en su mayoría son ilegales por cuanto las deudas que pretenden cobrar al contribuyente no se han determinado conforme los procedimientos previstos en la Ordenanza que crea el ISAE, e incluso no se han notificados previamente al administrado, quien de esta manera ve vulnerado el derecho al debido proceso y la legítima defensa.  

Si al recibir la notificación de una intimación el contribuyente o su representante observa que contiene obligaciones que no han sido previamente determinadas y notificadas mediante Resoluciones derivadas de los procedimientos de verificación o de fiscalización según sea el caso, o bien dichas obligaciones se encuentran suspendidas por la interposición del recurso jerárquico, como ha ocurrido últimamente con intimaciones efectuadas por la Administración Tributaria del Municipio Caroní, debe dicho contribuyente actuar con la debida celeridad y consultar con su asesor en materia tributaria para ejercer oportunamente las acciones de impugnación de la misma, evitando así quedar expuesto a una ilegal medida de cobro judicial o a la aplicación de una arbitraria medida de cierre del establecimiento comercial, que como medio intimidatorio se ha querido aplicar en muchas ocasiones para forzar el pago de lo que no es adeudado por el contribuyente incauto, o mal asistido en estos procesos.

Camilo E. London Arena
Asesor Tributario




Comentarios

  1. EXCELENTE MAESTRO DIO LE SIGA BENDICIENDO Y SIGA EXPARCIENDO SUS CONOCIMIENTOS... FELICIDADES.

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