8 de mayo de 2011

Informe tributario sobre sanción de cierre de empresas por artículo 102 del COT

 En la oportunidad de compartir en el año 2005 el panel de conferencistas con el para entonces Superintendente Nacional Tributario del SENIAT, en un Foro Tributario que organizó el SENIAT y FEDECAMARAS - BOLÍVAR con motivo de la situación que se evidenció en el Estado Bolívar y en el resto del país, por las severas clausuras de hasta 72 horas a establecimientos empresariales en procedimientos de verificación fiscal, me correspondió la preparación de un informe técnico sobre dichas medidas y la aplicación del artículo 102 del Código Orgánico Tributario en el marco del denominado "Plan Evasión Cero" instrumentado por la Administración Tributaria Nacional, con el plausible objeto de combatir la evasión tributaria.

Este informe luego fue revisado y actualizado por mí en el año 2007. Resulta que esta última versión no ha requerido de nuevas revisiones o actualizaciones, encontrándose plenamente vigente en sus denuncias, conclusiones y recomendaciones, con lo que se evidencia lo poco avanzado desde ese año por nuestra sociedad, para dar una respuesta a una situación que parece mantenerse en el tiempo en perjuicio de la actividad empresarial, la economía nacional y la cultura jurídica del país.

Conforme la consideración anterior es que ahora, por este novedoso medio tecnológico del “Blog”, publico nuevamente el contenido del informe, esperando que sirva al menos de punto de referencia para comprender la naturaleza y contexto conceptual – jurídico del problema planteado, base para encontrar una posible solución.

INFORME TRIBUTARIO

Las medidas de clausura de establecimientos realizadas por parte de la Administración Tributaria (SENIAT) se enmarcan dentro del “PLAN EVASIÓN CERO” que este organismo instrumenta desde mediados del año 2003 en la búsqueda de una reducción de la evasión tributaria que ha afectado sustancialmente la recaudación tributaria en el país.

La clausura de los establecimientos se sustenta en la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 102 del Código Orgánico Tributario reformado en 2001, donde se prevé la aplicación de ésta medida en los casos en los cuales se determine el incumplimiento de deberes formales relativos al registro de operaciones en los libros especiales de compras y/o de ventas del Impuesto al Valor Agregado. Esta medida tiene un lapso dispuesto para su aplicación en la norma tributaria de hasta tres días, (72 horas).

En adición a la medida de clausura el contribuyente afectado es objeto de la aplicación de una sanción pecuniaria que va desde veinticinco (25), unidades tributarias (U.T.), e incrementándose hasta las doscientos cincuenta (250) unidades tributarias (U.T.), dependiendo del tipo de infracción en la que se incurra y de la frecuencia de la misma.

A la medida de clausura del establecimiento y a la aplicación de la sanción pecuniaria se debe agregar el hecho de que es frecuente que la prensa escrita y televisiva haga presencia, en el justo momento de la aplicación de la medida de cierre instrumentada por el SENIAT, que en muchos casos se hace acompañar de la Guardia Nacional, donde se colocan sendos carteles y llamativas bandas de seguridad, con lo cual se da una efecto publicitario masivo de la medida, e incluso puede ser publicada gráfica en la página Web del SENIAT,  todo lo cual redunda en un mayor perjuicio para la empresa objeto de esta medida, que ve afectada su imagen frente a sus clientes, proveedores, inversionistas, trabajadores y el público en general, que poco comprenden sobre las razones de la medida, y los cuales asumen generalmente por lógica elemental, que se trata de una infracción grave castigada con una igualmente gravosa sanción, como lo constituye la clausura de un establecimiento empresarial.
 
Desde el inicio de la aplicación sistemática de las medidas de clausura de establecimientos se han planteado desde el sector empresarial diversas críticas respecto a la desproporcionalidad, ilegalidad y la justificación económica de las medidas, sin que éstas hayan sido atendidas por la Administración Tributaria (SENIAT), ni ningún otro representante del Poder Público, donde los representantes del SENIAT justifican la medida en la necesidad de reducir la evasión y en la aplicación de la norma contenida en el COT, atribuyendo en todo caso la responsabilidad de este programa de cierre de empresas a los propios empresarios y sus asesores.

Es un hecho innegable de que con el avanzar del tiempo, los índices de cierres aplicados por el SENIAT no se han reducido, lo cual no tiene concordancia con el mayor nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias evidenciado en el sector productivo, con los cada vez mayores niveles de recaudación tributaria reportados por el Gobierno Nacional, que hacen suponer que los contribuyentes deberían haber tenido una mejora en sus controles y voluntad del cumplimiento oportuno y cabal de sus obligaciones tributarias, y por ende, ello implicaría una disminución sustancial en la aplicación de las clausuras de establecimiento por supuestos incumplimientos de dichas obligaciones impositivas.

El problema está identificado, se trata de las clausuras de establecimientos empresariales que se siguen presentando en una gran cantidad de contribuyentes verificados por el SENIAT, los cuales son parte de un tejido esencial de la economía productiva de un país, generadora de riqueza, crecimiento y  necesariamente de bienestar social sobre la base de que con su esfuerzo productivo éste sustenta los mayores niveles de empleo en el país, así como la generación de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población dentro de los parámetros constitucionales vigentes...



Informe completo en... 









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