19 de noviembre de 2011

Se publica en G.O. el Reglamento parcial de la Ley de Costos y Precios Justos

En la Gaceta Oficial Nro. 39.802 del 17 de noviembre de este año fue publicado el texto del REGLAMENTO PARCIAL SOBRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS Y EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS, que corresponde al Decreto Nro. 8.563 del 08 de noviembre de 2011. Se esperaba que este instrumento normativo estableciera las condiciones y plazos para la inscripción en el Registro Nacional de Costos y Precios, sin embargo, ello ha sido ahora delegado en la Superintendencia de Costos y Precios quién deberá dictar una Providencia Administrativa para tales fines.

Este Reglamento aplica a la Ley de Costos y Precios Justos cuya entrada en vigencia plena es el 22 de noviembre próximo.

El texto completo del instrumento normativo publicado en la Gaceta Oficial lo pueden encontrar en el siguiente enlace: https://sites.google.com/site/matarivaslondonsanchez/taller-analisis-de-la-ley-de-costos-y-precios-justos-lcpj

Por: Camilo E. London Arena
       Socio de Mata Rivas, London, Sánchez & Asociados, Asesores Empresariales
       @eltributario

16 de noviembre de 2011

URGE REFORMA DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DEL IVA

Un sistema que propicia el pago excesivo de impuestos



A partir de enero de 2003 se impuso en el país un sistema de retención del IVA a las entidades calificadas por el SENIAT como Sujetos Pasivos Especiales. En razón de dicho sistema los agentes de retención están obligados a sustraer de sus pagos a proveedores, entre el 75% y el 100% del IVA generado en las operaciones de compra de bienes o contratación de servicios. La retención no es un pago definitivo, sino el anticipo que conforme lo dispone la norma, el contribuyente descontará cada mes contra la obligación de pago que le corresponda. Si el monto de la obligación tributaria mensual supera al importe que se le ha retenido al contribuyente, simplemente se descuenta la totalidad del impuesto pagado por adelantado y paga en su declaración la diferencia. Pero si el monto retenido es mayor a la obligación de pago mensual o cuota tributaria, el contribuyente termina pagando por esta vía más de lo que le correspondería legalmente, generando así un saldo de retenciones no descontadas que podrá traspasar al siguiente período, o aun a más de seguirse presentando dicha acumulación. El sistema de retención tiene dos caras, la positiva, es que ataca a la evasión tributaria por cuanto sustrae de los contribuyentes evasores un importe por adelantado del impuesto que les correspondería pagar por su propia cuenta cada mes, sin lo cual no sería posible tal percepción para el Fisco Nacional, la cara negativa, es el pago en exceso del impuesto al que se somete a una gran cantidad de empresas en el país que no son evasoras del tributo. Pagan justos por pecadores. Conforme los niveles típicos de rentabilidad de los sectores de la industria y el comercio del país, la retención del IVA representa un pago en exceso para la mayoría de las empresas objeto de dicho procedimiento. Los cálculos más conservadores revelan que en promedio, en el caso de empresas intermedias, se requeriría operar con márgenes de rentabilidad que mis estimaciones dan por un monto superior al 240% sobre los costos y gastos, para no verse afectadas por el pago en exceso del IVA. Este nivel de rentabilidad es atípico, incluso en los casos de mayor especulación. Lo anterior supone que la mayor parte de las empresas con producción o comercialización de bienes intermedios, padecen el efecto del pago excesivo del IVA como consecuencia de una muy alta tasa de retención del tributo.


El debilitamiento del aparato productivo del país

El problema de la alta tasa de retención que propicia en la mayor parte de las empresas intermedias el sistemático pago en exceso del IVA, tiene solución en tanto se prevea en la normativa y la voluntad del Estado, la restitución del crédito a favor de los contribuyentes afectados. La normativa que rige actualmente el sistema de retenciones del IVA, lejos de crear condiciones favorables para el equilibrio del sistema, mediante la recuperación del impuesto pagado en exceso, establece una serie de obstáculos a los contribuyentes, que limitan considerablemente la recuperación del impuesto pagado en exceso. El lapso de recuperación que dicta la norma es de sólo treinta días hábiles, pero en la práctica el tiempo de recuperación efectiva del impuesto pagado en exceso, puede superar incluso los dos años. El cúmulo de dinero que ha llegado a adeudar el Estado a los contribuyentes desde el inicio de la aplicación del régimen de retención del IVA, en una estimación conservadora, ha sido cercano al millón de bolívares fuertes en el año 2005. Esta alarmante situación de mora del Estado venezolano, no sólo afecta al sector empresarial que de esta forma se ve obligado a financiar forzosamente el gasto público en un monto mayor al dispuesto en las normas tributarias, comprometiendo severamente su operatividad, sino que además, puede afectar la planificación financiera del Estado Nacional por la acumulación de deuda que no está reportada oficialmente y que estaría comprometiendo el presupuesto de los próximos años, así como el delicado equilibrio fiscal dentro de las metas macroeconómicas trazadas por el Gobierno Nacional para superar la actual crisis económica.


Más costos para el sector productivo

Contrariamente al carácter neutro que el IVA tienen en el contribuyente de derecho, la recuperación del impuesto retenido en exceso afecta severamente los costos de los sujetos pasivos o administrados. Para recuperar el impuesto que se ha retenido en exceso respecto de la obligación de pago del contribuyente, éste debe soportar en promedio un 22% del monto del crédito a recuperar para cubrir la asesoría, el descuento en la cesión del crédito, otros "descuentos" y la comisión por intermediación, a lo que hay que añadir el efecto erosivo de la severa inflación. Todos estos elementos reducen significativamente el importe que en definitiva recupera el contribuyente.


La medida necesaria

La reducción de la burocracia asociada al ejercicio del derecho de recuperación del IVA, la eliminación de limitaciones a la compensación de pleno derecho con deudas del mismo contribuyente afectado y el cumplimiento de los lapsos legales de respuesta al contribuyente, así como de la revisión de la elevada alícuota de retención para reformularla a la baja, son medidas urgentes para evitar que se sigan acumulando efectos negativos sobre la economía nacional, por la forma como se ha instrumentado el régimen de retención del IVA en nuestro país.

15 de noviembre de 2011

Recaudación Tributaria y Legalidad


Ciertamente la recaudación tributaria es de una relevante significación, ya que de ella depende que cada cual pague los tributos que le corresponden, haciendo más justo al sistema tributario del país. Además, gracias a la recaudación de los tributos se logran cubrir las cuotas que requiere el Estado para cumplir sus fines. Sea que en efecto los cumpla o no, todos estamos obligados al pago de nuestros tributos, esa es una obligación constitucional. No puede ser asumido como excusa el que tengamos un Estado despilfarrador, corrupto, desordenado e insensible de los padecimientos de los ciudadanos para eximirnos de cumplir la obligación de pagar nuestros tributos. Primero pago mis tributos y luego reclamo el destino que se le de a los mismos, lo contrario es renunciar al derecho que nos rige como sociedad y adentrarnos en la mas absoluta anarquía.



Pero la recaudación de los tributos debe atender siempre la legalidad de los procedimientos que se apliquen para lograrla. La legalidad es inherente a la actividad de la administración Tributaria en dos ámbitos, primero en la legalidad de los tributos que se pretende recaudar, estos deben estar establecidos en una Ley, tal y como lo dispone el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero además, la función desempeñada por la Administración Pública, específicamente la Tributaria, debe estar enmarcada en la legalidad, como también lo establece el artículo 25 de nuestro Texto Fundamental. Si no se atiende a estos dos preceptos relativos a la legalidad, nos encontraremos frente a un Estado desdibujado en su función y objeto frente al ciudadano que le ha conferido Poder a cambio del respecto de las garantías y derechos contenidos en la Constitución y las Leyes.



Toda la sangre que ha corrido por el suelo de este planeta y en especial de nuestra América para que se lograra la adopción de sistemas democráticos sociales de derecho, parece en vano cuando observamos procedimientos en los que se exige al contribuyente que desconozca los derechos de ejercer un reclamo o recurso frente a una actuación fiscal, para que pueda entrar en la lista de recuperación del impuesto retenido en exceso por el capricho de una Providencia Administrativa que desconoce la neutralidad del IVA, o cuando un funcionario llama a un contribuyente y lo conmina a la renuncia de su derecho para que realice un pago “voluntario” de una obligación que está en reclamo conforme al derecho, so pena de que se le aplique un arbitrario cierre por el incumplimiento de deberes formales que en nada o poco se relacionan con las conductas de evasión tributaria; otra de la misma especie, es que se le pida a un contribuyente que adelante un pago de su impuesto, para cubrir la meta de recaudación del mes.

No podemos pretender que el pasado de desidia, corrupción e ineptitud que caracterizó a la función pública hasta la penúltima década del siglo pasado sea revertida en el marco de un Estado Social de Derecho con sustento en nuestra nueva Constitución Nacional de 1999, si nos empeñamos en reproducir o incluso superar las desviaciones de irrespeto a la ley. La responsabilidad es de los más altos jerarcas dentro de la función pública, para que estas desviaciones no sigan ocurriendo, es decir, a quienes los ciudadanos reclamamos que asuman su trabajo y tomen los correctivos que sean necesarios para que sus subalternos respeten a nuestra Constitución Nacional y a las Leyes de la República.

14 de noviembre de 2011

Nuevo régimen de facturación para tributos bajo la Administración del SENIAT

Comparativo de la modificación del régimen de facturación aplicable a tributos nacionales bajo la Administración del SENIAT
previsto en la Providencia SNAT/2011/0071

Artículo Providencia Administrativa 0257
Artículo Providencia Administrativa 0071
Modificación
Varios artículos
Varios artículos
Se sustituye la expresión “Providencia” por “Providencia Administrativa” para identificar a la correspondiente norma emitida por el SENIAT.
1
1
Se incluye dentro de los documentos que se rigen por la normativa prevista en Providencia Administrativa que aplica a la emisión de facturas y otros documentos a las “certificaciones de débito fiscal exonerado”.
2
2
Se incluyen como sujetos a la normativa que rige la emisión de facturas y otros documentos, a las Personas Naturales que sean contribuyentes del IVA, aun en los casos en que sus ingresos anuales sean iguales o inferiores a 1.500 U.T.
3
3
Extiende a un plazo de dos (02) años más, al lapso para que la Administración Tributaria dicte las normas para emisión de facturas en los casos de ventas de inmuebles, operaciones financieras y las realizadas por bolsas de valores y agrícola. Este plazo fue de un año establecido en la norma predecesora dictada en el año 2007, pero no se cumplió. De esta forma de da un nuevo extendido del plazo del que disponía la Administración Tributaria para cumplir dicha regulación especial.
6
6
Se establece de forma expresa que los sujetos que no estén obligados a utilizar máquina fiscal por disposición de los previsto en el artículo 8 de la Providencia Administrativa, podrán utilizar de forma simultánea más de un medio de impresión de documentos. Es decir, que podrían utilizarse en forma simultánea cualquiera de los medios de impresión previstos en el artículo 6 de la Providencia Administrativa, a saber:  (a) Mediante Formas Libres, (b) Mediante formatos y (c) Mediante máquinas fiscales. Esta posibilidad estaba ya prevista en la norma precedente, pero ello por no haber una prohibición expresa para hacerlo, y no como ahora ocurre, donde en la nueva norma se establece una autorización expresa para aplicarla.
7
7
Por efecto de la inclusión de un nuevo artículo, (el 25) se corren los artículos de allí en adelante. El artículo 29 que en la Providencia Administrativa 0257 establecía los requisitos que desde la imprenta debían contener los “formatos” para a ser el artículo 30 y el artículo 30 que en la Providencia Administrativa 0257 establecía los requisitos que desde la imprenta debían contener las “formas libres” para a ser el artículo 31.
8.2
8.2
Se modifica la segunda condición para que determinados sujetos emitan facturas exclusivamente a través de “máquinas fiscales”. En la Providencia Administrativa 0257 se establecía que dicha condición era que : “El número de operaciones de ventas o prestaciones de servicios con sujetos que no sean contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, sea superior a las efectuadas con contribuyentes ordinarios de dicho impuesto” y ahora en la nueva norma se estipula que las misma es que: “Realicen mayor número de operaciones de ventas o prestaciones de servicios con sujetos que no utilicen la factura como prueba del desembolso o del crédito fiscal según corresponda”. Debemos entender que quienes requieren la factura como prueba del desembolso son los contribuyentes del ISLR que realizan actividades económicas, mientras que los que requieren probar el crédito son los contribuyentes ordinarios del IVA.
8
8
Se establecen como “literales” los “ordinales” del numeral 3 de la Providencia Administrativa predecesora.
8.3(c)
8.3 (c)
Se establece que a los efectos de este numeral se entenderá por vehículo automotor cualquier medio de transporte de tracción mecánica.
8.3 (d)












8.3. (h)
8.3 (d)












8.3. (h)
Se incluyen dentro de las actividades económicas que al ser realizadas en forma concurrente con las condiciones previstas en los dos primeros numerales del artículo 8 de la Providencia Administrativa, a las ventas de repuestos, partes y piezas de aires acondicionados, por cierto que ahora por la forma tan singular de redacción de este nuevo literal quedarían excluidas las ventas de aires acondicionados. Entendemos que ello es un error y que dicha actividad también está incluída.

Se incluyen dentro de este literal a la venta de artículos deportivos, los cuales no estaban incluídos en la norma precedente. También se incluyen a las carteras, antes estas estaban incluídas en la categoría de bolsos de mano.


8
8
Se incluyen 5 grupos de actividades económicas a las ya previstas en la Providencia Administrativa, las cuales al cumplir con los dos primeros requisitos del artículo 8, deberán emitir facturas exclusivamente a través de máquinas fiscales.
q.  Servicios de alojamiento y hospedaje, prestados en hoteles, moteles, posadas y casa de huéspedes.
r.   Servicios de alquiles de cajas de correo o apartados postales (P.O. BOX).
s.   Venta de electrodomésticos o sus accesorios y repuestos.
t.   Ventas de libros, papelerías y artículos de oficina.
u.  Venta de muebles para el hogar y oficinas.
8
8
Los sujetos pasivos dedicados a las actividades económicas previstas en el literal j del numeral 3 (Servicio de comida y bebidas para su consumo dentro o fuera de establecimientos tales como: restaurantes, bares, cantinas, cafés o similares; incluyendo los servicios de comidas y bebidas a domicilio), deben emplear como medio de facturación obligatoria, máquinas fiscales, independientemente de que hayan obtenido o no la cantidad de ingresos previstos en el numeral 1 de este artículo.
10.7
10.7
Se modifica el numeral 7 del artículo 10 relativo a las razones que justifican la excepción a emitir facturas por medio de máquinas fiscales de los que están obligados a ello. En la Providencia 0257 se establecía como una de la excepciones la ocasión en la que “el usuario realice operaciones donde deba emitir, por solicitud del cliente, más de una copia de la factura”, esto cambia ahora en los siguientes términos: “El usuario realice operaciones en donde deba emitir, por solicitud del cliente, más de una copia de la factura, por exigencias de normas legales o reglamentarias, así como por solicitud de los órganos y entes públicos.” De forma tal que la exigencia de la factura ya no es del cliente, sino que debe estar amparado en una norma legal o reglamentaria o por exigencia exclusiva de órganos y entes públicos.

25
Se incluye un nuevo artículo que establece que las certificaciones de débito fiscal exonerado deben emitirse a través de “formatos” o “formas libres”, conforme los requisitos que se establecen en dicho artículo.

49
Se incluye un nuevo artículo que establece que “queda expresamente prohibida a los sujetos prestadores de servicios obligados al uso de máquinas fiscales, señalados en el artículo 8 de la presente Providencia Administrativa, la emisión de cualquier otro tipo de documento distinto a facturas, que sean utilizados para informar el monto parcial o total de las operaciones efectuadas, tales como: estados de cuenta, reportes gerenciales, notas de consumo estados demostrativos y sus similares, aún cuando el medio de emisión lo permita”. Esto en particular parece afectar mayormente a los restaurantes que acostumbran emitir un resumen preliminar al cliente, antes de la emisión de la factura definitiva.

Disposición Transitoria Primera
Se establece que las facturas elaboradas de conformidad con lo dispuesto en las  Providencias Administrativas 0591 y la 0257 se podrán utilizar hasta agotar su existencia. Con respecto a las facturas elaboradas conforme la Providencia Administrativa 0591, tal disposición había sido omitida por error en la Providencia Administrativa 0257.

Disposición Transitoria Segunda
El sujeto pasivos obligado a utilizar Máquinas Fiscales dedicados a las actividades económicas enunciadas en el numeral 3 y en el primer aparte del Artículo 8 de esta Providencia Administrativa no contemplados en la Providencia Administrativa 0257, deben dar cumplimiento a esta obligación a partir del primer día del tercer mes calendario de su entrada en vigencia. Esto es el 01/02/2012.
Si el sujeto pasivo posee más de un establecimiento o sucursal podrá dar cumplimiento a esta obligación de manera progresiva, utilizando, en los locales que aún no haya instalado la Máquina Fiscal, los medio de emisión previstos en los numerales 1 y 2 del Artículo 6 de esta Providencia Administrativa. En todo caso, a partir de la fecha prevista en el encabezamiento de esta Disposición, todos los establecimientos o sucursales deberán utilizar Máquinas Fiscales.

Disposición Transitoria Tercera
Los sujetos pasivos que inicien actividades con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa, que cumplan con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 8, están obligados a emplear, exclusivamente, máquinas fiscales como medio de emisión de facturas otros documentos, independientemente que hayan obtenido o no la cantidad de ingresos establecidos en el numeral 1 del mencionado artículo. Es decir, que desarrollando la actividad económica prevista en el numeral 3 del artículo 8, sólo deberán verificar si las operaciones realizadas son mayormente con quienes requieren las facturas respectivamente como prueba del desembolso o el crédito fiscal, lo que se evalúa conforme las operaciones del año inmediatamente anterior. Esto realmente da un plazo de al menos un año a la nueva empresa para la instalación de máquinas fiscales.

Disposición Transitoria Cuarta
Las certificaciones de débito fiscal exonerado elaboradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa, podrán seguir utilizándose hasta el plazo de un (01) año, contado a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, o hasta agotarse su existencia, lo que ocurra primero. A partir de la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa, sólo podrá solicitarse la elaboración de certificaciones de débito fiscal exonerado a una imprenta autorizada, cumpliéndose con los requisitos establecidos en la presente Providencia Administrativa.

Vigencia
La nueva Providencia entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial Nro. 37.795 del 08/11/2011. Se deroga la norma predecesora.

Como hecho relevante, destaca que no cambian los requisitos de las facturas, notas de crédito, notas de débito, guías de despacho u órdenes de entrega, así como la forma o medios de impresión de facturas, con la excepción de quienes ahora estarán obligados a utilizar máquinas fiscales conforme lo previsto en el artículo 8 de la nueva Providencia Administrativa.

Nuevamente se hace una modificación de una Providencia Administrativa que en realidad es la reforma "parcial" de la predecesora, obligando así al Administrado a realizar un análisis detallado y comparativo de ambos textos para poder encontrar las diferencias entre las mismas. Para facilitar al contribuyente la identificación de los cambios establecidos a partir de dicha reforma, bastaría una narrativa del SENIAT de las modificaciones y adiciones que formula y luego una reproducción íntegra del nuevo texto de la normativa, como en efecto ocurre con las reformas parciales de las Leyes.






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