29 de julio de 2011

Pertinencia de la emisión de notas de créditos para ajuste de múltiples facturas

Nos consultan sobre la sustentación legal para la emisión de notas de crédito que se correspondan con diversas facturas, es decir, asociadas a más de una factura ajustada. En este sentido es preciso destacar que en materia de emisión de documentos, sean éstos facturas, notas de crédito o notas de débito, estas se rigen bajo lo distado por la Providencia Administrativa Nro. 0257 emitida por el SENIAT en fecha 19-08-2008, así mismo aplica en esta materia disposiciones establecidas en la Ley de Impuesto Sobre la Renta , del Impuesto al Valor Agregado y sus respectivos Reglamentos.


I.- Normas que aplican a la emisión de notas de crédito.

Específicamente en materia del Impuesto al Valor Agregado, se establece en el artículo 58 de la Ley que rige a dicho tributo:

Artículo 58. Cuando con posterioridad a la facturación se produjeren devoluciones de bienes muebles, envases, depósitos, o se dejen sin efecto operaciones efectuadas, los contribuyentes vendedores y prestadores de servicios deberán expedir nuevas facturas o emitir notas de crédito o débito modificadoras de las facturas originalmente emitidas. Los contribuyentes quedan obligados a conservar en todo caso, a disposición de las autoridades fiscales, las facturas sustituidas. Las referidas notas deberán cumplir con los mismos requisitos y formalidades de las facturas establecidas en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Por su parte el Reglamento de dicha Ley establece en su artículo 53 lo siguiente:

Artículo 53.— Los vendedores o prestadores de servicios cuando otorguen bonificaciones, descuentos normales comerciales u otras deducciones admitidas respecto del precio o remuneración facturado y no indiquen su monto por no poder determinarlo al emitir la correspondiente factura o comprobante equivalente, deberán emitir con posterioridad la respectiva nota de crédito a sus compradores o receptores de servicios y registrarla como sustracción del débito fiscal en el Libro de Ventas, en la fecha de esta última emisión.

Las notas de crédito que se emitan deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 de la Providencia Administrativa Nro. 0257; donde en todo caso deberá señalarse el número, monto y fecha de la factura ajustada.

La finalidad de la nota de crédito no es otra que la de dejar constancia de los ajustes que se producen sobre operaciones previamente facturadas, de forma tal que constituyan medios de comprobación y control de la Administración Tributaria. En este sentido tales notas deben asentarse en los libros especiales del IVA como un ajuste con signo contrario al del registro de la factura o facturas a las que esta refiere.


II.- De la emisión de notas de crédito correspondientes a más de una factura.

Vistas las normas que rigen a la emisión de documentos fiscales, específicamente las notas de crédito, observamos que no existe limitación alguna a la agrupación de facturas asociadas a una sola nota de crédito. Esto es, el caso de emisión de una sola nota de crédito que abarca ajustes a diferentes facturas, siempre que los motivos de dichos ajustes sean indicados en dicho documento, discriminando en todo caso el ajuste que corresponde a cada documento previamente emitido, además del número, monto y fecha de cada factura ajustada.

Es principio general del derecho, al cual no escapa el derecho tributario, que conforme la norma no prohíba expresamente una conducta, esta es permitida y por ende, lícita. Lo antes indicado nos permite afirmar que, en tanto en la norma legal o sublegal no se establece en forma expresa la limitación de emitir una nota de crédito por cada factura afectada de un descuento o ajuste, ello permite entonces generar en forma conjunta uno de estos documentos, (Nota de crédito), abarcando diversas operaciones soportadas en distintas facturas. Conforme nuestra amplia experiencia en el trabajo de asesoría a diversas empresas tanto públicas como privadas, de una alta facturación, estas instrumentan ordinariamente esta modalidad.

Otro elemento a considerar es el relativo a la simplificación de procedimientos y al ahorro de recursos, elementos que constituyen la necesaria orientación de los sistemas de gestión e información, principios que no sólo rigen a la actividad productiva particular y pública, sino que además aplica por mandato constitucional a la Administración Tributaria Nacional, conforme lo desarrolla el artículo 316 de la Constitución Nacional cuando refiere a los principios que rigen al Sistema Tributario venezolano.

Los elementos antes esgrimidos sustentan en nuestro entender, la emisión de notas de crédito que abarquen a más de una factura, siempre que se cumplan las disposiciones normativas antes citadas.

17 de julio de 2011

Simplificación de Trámites Administrativos (I)

En agosto de 2005 indicaba yo en uno de mis artículos que en el Ejecutivo Nacional había sido reiterativo respecto al reclamo a su propio equipo gubernamental por el exceso de burocracia improductiva que impedía el logro de los objetivos propuestos, advertí en esa oportunidad que el Presidente de la República no era el único que sufría los efectos de este mal, siendo que diariamente,  los administradores de nuestras empresas públicas y privadas y en general cualquier ciudadano, distraen sus energías en tratar de enfrentar los efectos que el “burocratismo” infringe en las múltiples relaciones que sus representadas mantienen con el Estado. Señalé entonces que el exceso de trámites, combinado con un enfermizo afán del funcionario público por el control y el poder, sumado a la pérdida de conciencia de servidor público y la corrupción, eran circunstancias que sumados a la ambigüedad de la norma y la excesiva discrecionalidad que esta le confiere al operador de los procedimientos, conformaban una pesada amalgama que sirve de lastre al progreso de la sociedad entera. Referí también que el burocratismo termina estableciendo una maraña de trámites absurdos que distraen valiosísimos recursos de la sociedad, que paga esto con una menor calidad de vida. Hoy a unos 6 años de esas consideraciones, el problema no sólo persiste, sino que considero que se ha agravado sustancialmente.


Con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos promulgada en el año 1999 apenas iniciándose el primer mandato del Presidente Hugo Chávez, se abría una oportunidad de una reforma del aparato administrativo del Estado venezolano que se supone redundaría en mayor eficiencia a favor del ciudadano y una reducción significativa del burocratismo, rancio ya con décadas de consolidación en el país. Esta Ley marco proponía, o más bien decretaba, una simplificación de los trámites administrativos en los que se involucraban el ciudadano y la Administración Pública, buscando con ello mejorar esa relación vital para el desarrollo de la cotidianidad de todo un país. Esta Ley se fundamentaba en el principio de “confianza” y “buena fe” del administrado, ensayando formulas asimiladas de la gestión pública de países europeos y del norte de América. Esta fórmula legal sin embargo, no era suficiente, se requería de una convergencia de factores determinantes para el éxito del cometido de mejorar la eficiencia de la Administración Pública. Entre esos factores era evidente la necesaria voluntad política del Gobierno en todos sus niveles, la participación y exigencia de la sociedad civil organizada, el empoderamiento de los administrados y la creación de estructuras administrativas para la planificación, ejecución y seguimiento de la mentada simplificación, pero la más importante de todas, un cambio en la cultura de la sociedad, para asimilar y exigir el cambio.  


La reedición en 2008 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos,  reconocía por parte del Poder Púbico el evidente fracaso de la antecesora de 1999, pero al mismo tiempo planteaba una especie de reimpulso a la acción de simplificación de trámites en el país para “racionalizar y optimizar las tramitaciones que realizan las personas ante la Administración Pública a los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reducir los gastos operativos, obtener ahorros presupuestarios, cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con las personas” tal y como reza el artículo 4 de dicha Ley. Ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, se volvió a perder y la Ley paradójicamente terminó siendo letra muerta como las tantas que el burocratismo contraviene para perpetuarse en el tiempo, infringiendo penurias y haciendo miserables las vidas de tantos venezolanos todos los días.


El fracaso de la simplificación de trámites administrativos en el país nos debe llamar a la reflexión, donde el más importante aprendizaje de esta batalla perdida es que la mejoría del desempeño público no depende de una Ley, sino de la capacidad que la sociedad tenga para emprender las acciones políticas y de participación ciudadana que edifiquen y fortalezcan a las instituciones que logren permear un nuevo paradigma cultural de eficiencia en la función ejercida por los servidores públicos. Se requiere para ello, más que de una Ley,  del liderazgo, participación y compromiso de una sociedad consciente de la necesidad de ese cambio de paradigma.


Camilo E. London Arenas.
Lcdo. en Administrador Comercial y Asesor Tributario
Socio de la firma Mata Rivas, London, Sánchez & Asociados, Asesores Empresaiales
En Twitter: @eltributario

11 de julio de 2011

Revisando el artículo 46 de la LOCTI

La labor legislativa es una que reviste y exige una elevada técnica por parte de sus ejecutores. Las leyes que el cuerpo legislativo del país crea son nada menos que los códigos que rigen el comportamiento de la sociedad entera, el funcionamiento del Estado y la convivencia ciudadana. Se trata así de instrumentos normativos de gran relevancia. Por supuesto, siendo el ser humano imperfecto por naturaleza y siendo las leyes un producto de humanos y no de deidades, es de esperarse que éstas no sean perfectas, pero uno espera que su falta de perfección no sea la consecuencia de la negligencia o improvisación de sus ejecutores.

UNA ESTRUCTURA PARA CREAR LEYES

Es lógico pensar que los legisladores no sean expertos en los temas del Derecho sobre los cuales les corresponde formular las leyes, la Constitución Nacional no exige de ellos ser eruditos en esta ciencia del saber, pero precisamente para ello la institución legislativa debe hacerse dentro de su entramado burocrático, de un cuerpo profesional de asistencia o asesoría en los aspectos de especialización que se requiere en la formulación de normas jurídicas. La forma como se organizan las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, la instancia de consulta técnica del Parlamento, la consulta popular, el apoyo que las Universidades y sus cuerpos docentes y de investigación, en fin, son muchas de las opciones para buscar la calidad en la creación de las leyes. Y todavía queda más, porque una vez aprobado el texto de la Ley ésta debe necesariamente ser revisada por el Ejecutivo Nacional, del cual dependen distintas instancias técnicas especializadas con ingentes recursos del Erario Nacional, que más que justificar su diligente acción, les obliga a ello.


UN ERROR QUE EVIDENCIA FALLAS EN EL PROCESO

Para muestra un botón, y para ello voy a referirme al artículo 46 de la LOCTI (LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN), donde como en otros casos se evidencia la falta de conocimientos técnicos en la estructuración del contenido de la Ley, además de la falta de la debida revisión y consulta de la misma. En ésta se establece expresamente que: “A los contribuyentes que incumplan o violen esta Ley, se les aplicará lo contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además de las multas que se describen en esta Ley”, apartando el inadecuado uso del adjetivo demostrativo aplicado a “esta ley” donde debía usarse “dicha ley”, ya que entonces uno podría pensar que a la ley que se refiere no es la de Impuesto sobre la Renta sino la propia LOCTI,  encontramos otro error ya no gramatical sino legal. Para quien no sea conocedor de la materia tributaria podría pasar desapercibido que se haga referencia en la LOCTI a los procedimientos administrativos y sancionatorios previstos en la “Ley de Impuesto sobre la Renta”, ello porque quizás la única referencia impositiva de quien no tenga una mediana cultura tributaria sea la de ese impuesto en particular. Sin embargo, cualquiera que tenga conocimientos al menos elementales de la materia, sabe que en dicha Ley no se encuentran, ni deben preverse dichos procedimientos o sanciones para los contribuyentes, ello es exclusivamente potestad del Código Orgánico Tributario (COT). Por ello cuando el artículo 46 de la LOCTI hace referencia, no al COT, sino a la Ley de Impuesto sobre la Renta, sólo me hace suponer que quienes proponen su texto no tienen el pertinente marco conceptual que les permita ubicarse en el contexto requerido al fin de desarrollar la norma, esto sin embargo como ya lo indiqué, no es del todo reprochable a los Diputados de la República que no conocen de la materia tributaria, por no ser su área de “dominio”, pero me resulta difícil no llamarle la atención a los parlamentarios que tuvieron de escuela al SENIAT o bien a aquellos que con el grado de Abogados de la República, e incluso docentes de cátedra del derecho en la Universidad, se supone que deben manejar estas cuestiones básicas del Derecho Administrativo – Tributario. Pero es que la cuestión no termina allí, se suman más responsables por así decirles, considerando que la LOCTI una vez aprobada por la Asamblea Nacional, antes de su publicación debía ser revisada por el Ejecutivo Nacional y sus dependencias técnicas, que tampoco palparon el absurdo plasmado en el mentado artículo. Se trata entonces de un error, de ya no un humano, sino de un tropel de estos,  que ocasiona una lesión al derecho de los ciudadanos por la ilegalidad de su contenido, al menos en lo que refiere al artículo 46 de la LOCTI. Y debo necesariamente aclarar al lector, que no se trata de cualquier artículo de menor relevancia dentro del conjunto que conforma el texto integro de la Ley, se trata del que establece al régimen sancionatorio a los contribuyentes que incumplan con el pago del novedoso tributo establecido bajo la modalidad de contribución especial, de allí su relevancia y por ende la gravedad del error.


MORALEJA

Finalmente la moraleja de esta narrativa es que debemos exigir a nuestros legisladores y a todo el aparataje burocrático que se involucra en la encomiable labor de creación de las leyes, el mayor respeto al ciudadano, a través de la consulta pública de las normas, oyendo al pueblo y no sólo participándole el contenido de los proyectos de normas, cumpliéndose además el debido profesionalismo y apego a la técnica legislativa para garantizar el mayor grado de calidad de la norma resultante. Es cuestión, como bien insiste mi padre, “de hacer bien las cosas que debemos hacer”.


Ciudad Guayana, julio de 2011


Escrito por: Camilo E. London Arenas, Asesor Tributario
Asesor tributario
camilo.tributario@gmail.com
https://sites.google.com/site/matarivaslondonsanchez/
Twitter: @eltributario

2 de julio de 2011

Gerencia en tiempos de cambio

Muchos de los conceptos y teorías de la gerencia contemporánea y moderna siguen vigentes en la actualidad, pero sin embargo la crisis mundial, la realidad económica de los países tercermundistas, la administración actual y las políticas gubernamentales mantienen en constante cambio y zozobra a los gerentes de hoy.


No basta ser un líder, tener un equipo de trabajo entrenado, motivado, disponer de un capital mínimo para operar. Hoy en día debes analizar el camino recorrido, verificar el flujo de caja, revisar los compromisos adquiridos en cuanto a financiamientos, contar con aliados comerciales, mantener al cliente motivado, generar la empatía necesaria y estar consciente que la realidad económica nos afecta a todos, que los bolsillos están golpeados, que nuestros ingresos muchas veces no son suficientes para cubrir los gastos generales, que acudimos al financiamiento del plástico, lo cual suma un nuevo compromiso que honrar, ese cliente que antes no preguntaba precio, hoy día pide presupuesto, compara, regatea, pide financiamiento y emite cheques posfechado.


Esa es la realidad de hoy en Venezuela, y esa realidad debe ser tomada en cuenta al momento de pretender dar respuesta a la interrogante del ¿Cómo aplicar una teoría de competitividad de mercado de libre flujo de oferta y demanda?.


Resulta un poco complicado y a veces deprimente, ver como los números descienden, negocios cerrando, reducción de empleos, caras largas y deterioro visible de la economía.Tiempos de cambios, gerencia bajo nuevos esquemas, el arte de vender en tiempos de crisis, son temas que vemos a diario en prensa, en internet y que buscar aportar soluciones a todo aquel que quiere mantenerse en el tiempo y aspira que su negocio sobreviva a la crisis coyuntural existente.


El replantear estrategias, focalizar la atención al cliente como un requisito indispensable, el entrenar a su personal para que tenga la convicción de que un comprador satisfecho es sinónimo de fidelidad al negocio, escuchar y conversar con sus clientes, lograr digerir lo que quieren, y saber hasta donde les puedo apoyar, asesorar  y solucionar sus requerimientos, son parte de la respuesta al cómo lograrlo, donde además, debemos estar claros en que las estrategias son regionales, focalizadas, a diferencia de las grandes campañas nacionales acostumbradas, aquí lo primordial es que debemos cuidar los detalles y para eso debemos ir a lo específico.

Muchos gerentes actualmente están presionados por lograr rentabilidad, lo que nunca debemos hacer es sacrificar Calidad y Confiabilidad por rentabilidad, un cliente satisfecho sólo se logar si combinamos, atención, disponibilidad del requerimiento, disposición, calidad de servicio y precio justo, automáticamente logras fidelidad, clientes referidos y por ende rentabilidad.
 

Nuestro momento actual es difícil, pero no hace imposible el permanecer en el tiempo, ser emprendedores y visualizar oportunidades de negocios es una virtud, sólo los que arriesguen y se rodeen de los mejores tienden a avanzar y se hacen fuertes en el tiempo, es Gerencia en tiempos de cambios, es un arte que combina conocimientos y experiencias con nuevas tendencias y situaciones que te obligan a ser detallistas y creativos.


Esta entrada es un aporte de Rafael Gonzalez, Gerente de 286 Automotriz destacado gerente especialista en el tema y empresario de reconocida trayectoria, quien comparte con nosotros sus impresiones sobre este relevante tópico de la ciencia administrativa.

Intendente del SENIAT emite opinión sobre aplicación del Decreto 8.174 de exoneración del IVA a materiales de construcción

La Intendente del Seniat, Fanny Márquez, explicó en el programa "Más Temprano Contigo" que se transmite por YVKE Mundial aspectos sobre la instrumentación del Decreto 8.174 de exoneración del IVA a materiales de construcción.

Este artículo es fechado 01 - 06 - 2011.

El artículo y entrevista lo pueden ubicar en el siguiente enlace:

http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?492028

Feriado del 04 de julio, Justificado pero Indebido

El Decreto de un Feriado Nacional por parte del Ejecutivo Nacional para el día 04 de julio de 2011, para sumarlo a la conmemoración del 05 de julio en que se da la firma del Acta de Independencia en 1811, nada menos que en el Bicentenario de tan magna fecha, no puede más que llenarnos de júbilo ante la sensibilidad de un Gobierno que antepone el realce de los valores patrios a cualquier otra consideración. Se trata precisamente de una fecha para reflexionar sobre el trascendente paso que representó la decisión de quienes lideraron la acción de declarar la independencia del para entonces Imperio Español. Difícilmente podrían haber anticipado aquellos gallardos ciudadanos las consecuencias de su empeño concretado con la firma del Acta de Independencia, difícilmente podrían anticiparse a lo que hoy se ha consolidado en la Patria Grande de América, muy particularmente de la parte latina de este Continente ubicada en su zona central y sur.

Ahora bien, estando justificado este eventual feriado que permite una extensión de al menos tres días no laborables, empezando el domingo 3 y cerrando el martes 5 de julio, en la necesidad de facilitar y promover la masiva participación de la población a los actos que conforman la agenda del Gobierno Nacional en esta conmemoración, hay un aspecto que no puede pasarse por alto, como lo es la “forma” en que se ha instrumentado este “Feriado”. Y es que un Feriado no laborable implica una ruptura del normal desenvolvimiento de la sociedad, constituye una ruptura de una dinámica compleja de relaciones, flujos de recursos, operaciones humanas y planificaciones trazadas, a veces con años y otras con días de anticipación.


Un día no laborable implica un costo para la economía nacional, para el sistema de distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población, implica un costo para la sociedad completa que ante la festividad debe considerar el beneficio ya no medido en términos económicos, sino integrales.  Partiendo de la hipótesis de la pertinencia y beneficio neto de este Feriado, amparado ello en la exposición de motivos que hemos podido analizar de la facilitación hecha por el Ministro de Información, que con la autoría de un archivo PDF pudo difundir su contenido previo, incluso antes de la firma del Presidente y su publicación en Gaceta Oficial que de seguro como en otras oportunidades aparecerá publicado el mismo día del asueto; resulta sin embargo absurdo que el “aviso” extraoficial del Feriado se haya realizado en un programa de televisión por parte del Vice-presidente de la República el viernes 01 de julio, y luego a través de diversas aplicaciones de Internet de parte del Ministro de “Información”. Más insólito es que tal aviso se haya realizado sin la debida antelación que permita tomar las previsiones necesarias a los integrantes de la sociedad para adecuar sus roles a esta ruptura de su cotidianidad. Se trata de uno más de muchos capítulos semejantes en los cuales se Decreta un Feriado sin una previa convocatoria a los integrantes de la sociedad, sin considerar las implicaciones que una ruptura de las funciones públicas y particulares genera en el desarrollo del país, sin considerar la participación ciudadana que debería signar las acciones de quienes han sido envestidos del mandato popular para dirigir el país. Una acción tomada con este alto nivel de improvisación o imprevisión sólo podría responder a un estado de emergencia o conmoción, y no más bien ser el factor para generarlo.
 
 
Al igual que en otras oportunidades, planteo la necesidad de que ante la evidente manifestación de inmadurez cívica, económica y hasta política que el Gobierno Nacional, algunos estadales y otros municipales con el Decreto intempestivo de días festivos no laborables, se hace necesaria una norma legal que los regule, obligando a la debida antelación, planificación y participación de y a la sociedad, porque no basta una irreprochable justificación para Decretarle, es necesario que además, ello se haga de la forma que constituya el menor trauma, el menor costo social y desprendido absolutamente de la improvisación y la arbitrariedad que colapsa la cotidianidad productiva de un país. En ese sentido, la facultad que le fue conferida al Poder Público en cualquiera de sus tres niveles, nacional, estadal y municipal debe ser modificada y sujeta a, por ejemplo, la aprobación de los respectivos parlamentos que corresponden a cada una de estas instancias de poder público. Se trata en este caso de que los Ejecutivos del Poder Público venezolano, en sus tres niveles en general denotan un irresponsable manejo de la facultad que se les ha conferido por ley para el Decreto de días festivos no laborables, pues entonces la ley (mandato popular), debe corregirse para adaptarse a esta falta de madurez y sindéresis. Quien no puede administrar sus privilegios no los merece.
 
 
Sólo un estado de emergencia o conmoción podría justificar en Decreto “INTEMPESTIVO” de día no laborable, porque como ya referí previamente, es en casos de emergencia que ello se justifica de este modo imprevisto, de lo contrario, como en el caso que nos ocupa, el Decreto del día feriado improvisado es el que termina creando una situación de emergencia y conmoción para la sociedad. Al final es un problema de que dicho Decreto podría ser justificado, pero por la forma en que se instrumentó, es indebido.

Escrito por:
Camilo London
Ciudadano de esta hermosa República, heredero junto a mis compatriotas, del legado de quienes el 5 de julio de 1811 Declararon la vocación de independencia y libertad de este pedazo de la tierra.
02 de julio de 2011